La política antiinmigrante implementada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, debe ser investigada por el Gobierno federal, porque además de poner en riesgo a los extranjeros daña, atemoriza y afecta a la comunidad paseña que ahora tendrá que pagar la estancia de los migrantes que sean detenidos y llevados a la Cárcel del Condado en el caso de que sea aprobada la Ley SB4, afirmó la congresista federal Verónica Escobar.
Después de una incursión violenta desatada por más de 600 extranjeros de diversas nacionalidades, funcionarios estatales remitieron a los presos por cargos estatales en lugar de federales, luego de que los migrantes agredieron a elementos de la Guardia Nacional en su intento de cruzar la frontera, a la altura de la puerta 36.
“Lo que está haciendo el gobernador nos causa tanto daño, no solamente con tener una comunidad más insegura porque muchos paseños me han dicho que tienen miedo de los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) por el modo en que están operando en las calles de El Paso”, aseguró la congresista.
Manifestó que la comunidad también teme la entrada en vigor de la Ley Senatorial 4 (Ley SB4), ya que tendrán que llevar consigo sus documentos en caso de ser detenidos por agentes del DPS debido a su apariencia, y podrían ser acusados de no ser residentes o ciudadanos.
Agregó que también hay un costo a nivel del Condado de El Paso al no tener opción y aceptar todo lo que está haciendo el estado de Texas, ahora con lo sucedido el pasado 21 de marzo, día en que se dio el enfrentamiento entre militares y solicitantes de asilo.
“Es un ejemplo es lo que pasó hace dos 2 semanas, cuando los soldados de la Guardia Nacional de Texas no querían dejar que esos migrantes se presentaran con la Patrulla Fronteriza y los acusaron de un crimen estatal y fueron a parar a la Cárcel del Condado”, explicó.
El juez del Condado, Ricardo Samaniego, explicó que 39 migrantes, de los más de 200 arrestados en ese conflicto, enfrentan cargos estatales y permanecen detenidos en el Condado de El Paso.
Agregó, que si bien, ese número no es muy alto, afecta las operaciones y el presupuesto del Condado porque el estado no reembolsa el dinero por retener a esos migrantes.
“Desafortunadamente, en lugar de convertirlo en un cargo federal, que seríamos reembolsados por el Gobierno federal, en realidad es un cargo estatal y no le cobramos al estado por eso”, comentó Samaniego.
Apuntó que por cama federal el Condado recibe alrededor de 110 dólares de parte del Gobierno por recluso diario, sin embargo, ese número ahora se ha reducido, “probablemente hemos perdido como tres millones este año”, dijo visiblemente preocupado.
El mantener a un preso le cuesta al Condado 85 dólares, pero en caso de brindarle asistencia médica la cifra sube a 140. El estado no proporciona dinero para un preso estatal, refirió.
Samaniego comentó que dentro de esta dinámica, los funcionarios del Condado están trabajando para trasladar a los migrantes que enfrentan cargos estatales a instalaciones estatales, como la prisión Rogelio Sánchez, que es una instalación estatal, entre otras actividades.
El juez expresó que si bien el grupo de 39 es un número manejable, el Condado está preocupado por el impacto en ellos si la cantidad fuera mayor.
“Podríamos ver una afluencia en nuestras cárceles, que en última instancia se transmite a nuestros contribuyentes. No hay dinero asignado para encarcelar a extranjeros, por lo que es una gran preocupación para nosotros”, reiteró.
En ese sentido Escobar agregó que los contribuyentes no deben enfrentar la carga: “Nosotros no tenemos que pagar por eso cuando el Gobierno federal está encargado de estos procesos. Eso es obligación y responsabilidad del Gobierno federal”, reiteró.
Detalló que tener un gobierno estatal tratando de implementar su política de inmigración aquí en El Paso y en la frontera representa un costo muy alto para los paseños, y ellos deben saber qué están haciendo y cómo les está afectando económicamente.
Escobar señaló que este es sólo el principio de lo que podría ocurrir en caso de que entre en vigor la SB4. De ser así, se podría poner a la comunidad de El Paso en una situación grave, incluso peor que la que estamos experimentando actualmente.
“Ojalá que la Corte no deje que esta ley sea implementada, pero yo ya notifiqué a Washington D.C, al Departamento de Justicia porque en mi opinión lo que está haciendo el estado de Texas necesita investigarse”, señaló Escobar al reiterar que también habló con los representantes estatales.
“Necesitamos la ayuda de ellos también para detener lo que está pasando porque lo que está haciendo el gobernador es un abuso, está abusando de la Guardia Nacional de Texas, está abusando de DPS y está abusando de nuestra comunidad y de su poder”.
Se dijo que el Condado trabaja para disminuir los costos porque si los cargos continúan llegando como estatales en lugar de federales, serán los contribuyentes o los servicios del Condado los que sentirán los efectos de esta política promovida por el gobierno estatal.
