La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrió este lunes el análisis sobre la obligatoriedad de la consulta previa a personas con discapacidad, aunque el debate no alcanzó a resolver si se abandona o no la jurisprudencia que ordena invalidar de forma automática cualquier norma emitida sin este requisito.
El debate fue suspendido desde octubre pasado cuando diversos colectivos de personas discapacitadas protestaron contra el proyecto de la Ministra Lenia Batres quien ante la impugnación de una ley en Michoacán propuso que la falta de consulta no fuera motivo de invalidez automática si la norma resultaba benéfica o no afectaba derechos sustantivos.Luego de la suspensión, la Corte abrió el tema a consulta durante tres días con personas discapacitadas, donde el 83 por ciento se pronunció por mantener el criterio de la anterior Corte. El lema de los participantes fue «Nada sobre nosotros sin nosotros», aunque en su proyecto Batres mantiene su propuesta de abandonar la jurisprudencia anterior.El proyecto de Batres, el 182/2024, fue enlistado la semana pasada para ser discutido este martes, pero este día fue sacado sin ninguna justificación. La ministra, que busca la presidencia de la Corte, acusó el jueves a la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de tener una «animadversión insana» en su contra.
Este martes aparecieron enlistadas otras cuatro acciones de inconstitucionalidad (AI) sobre el mismo tema, pero sólo se logró discutir el proyecto del Ministro Arístides Guerrero para el caso de Tamaulipas. Batres se mantuvo en silencio hasta la votación, cuando precisó que el abandono de la anterior jurisprudencia no estaba a discusión. «Hay otros proyectos que sí lo proponen, en su momento discutámoslo», dijo.En la impugnación discutida, la 104/2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Municipal de Tamaulipas que en 2022, y sin consulta por parte del Congreso local, obligaron a que al menos el 3 por ciento de los puestos municipales fueran ocupados por personas con discapacidad, aunque estableció un requisito de «certificación de competencias».Arístides Guerrero planteó declarar la inconstitucionales las dos medidas por falta de consulta aunque de manera diferida. Sobre garantizar el 3 por ciento para personas con discapacidad, propuso mantenerla vigente por un año mientras el Congreso realiza la consulta debida. Propuso en cambio eliminar de manera inmediata el requisito de la certificación por ser discriminatorio.Las dos propuestas fueron avaladas, la primera por mayoría de seis votos, y la otra, sobre la certificación, por unanimidad.Desde el inicio, sin embargo, incluso sin la participación de Batres, el debate se dividió entre quienes defendieron que la consulta previa a personas con discapacidad es fundamental, obligada por convenciones internacionales y para abandonar la intención paternalista del Gobierno que quiera decidir qué les conviene o no a los ciudadanos. En este grupo estuvieron aunque con matices Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero e Irving Espinosa Betanzo.»Aún siendo perfecta, sí o sí debe consultarse a los pueblos y comunidades indígenas. (Pero esta norma) no es perfecta la norma desde el momento en el que no se consultó a las personas con discapacidad», dijo Guerrero.Del otro lado, Hugo Aguilar, Estela Ríos y Sara Irene Herrerías argumentaron que la consulta previa se puede obviar si la norma es beneficiosa. Batres prefirió no opinar.»Hago un llamado para que el calor del debate no nos lleve a ser invisible los derechos de las personas con discapacidad. De lo presenciado en esa histórica primera audiencia se desprende, con toda claridad, que las personas juzgadoras debemos prescindir de toda lógica paternalista o asistencialista en el análisis de este derecho», dijo Esquivel.»No nos corresponde a nosotras y nosotros determinar si es benéfica», agregó Loretta Ortiz y también recordó que la consulta previa es un mandato internacional.Figueroa exhibió la contradicción de avalar la falta de consulta a pesar de las conclusiones de la audiencia: «Si después de tenerlas frente a frente adoptamos una metodología que permite desconocer su participación cuando el estado considere que la norma les beneficia, ¿qué valor tuvo entonces ese ejercicio que realizamos?».Ríos y Herrerías rechazaron las indirectas contra el proyecto de Batres. «Todas las y los ministros que estuvimos presentes en la audiencia pública y que hemos estudiado profundamente estos proyectos, estamos comprometidos con las personas con discapacidad. No creo que optar por una u otra opción de criterio implique que no nos interese», dijo Herrerías.Ríos planteó que la consulta previa no es obligatoria en la Constitución. «Habrá algún momento en que se reconozca en la Constitución el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, y entonces, tal vez estemos obligados a cumplir con la Constitución», dijo la ex consejera presidencial de Andrés Manuel López Obrador.Finalmente, la declaratoria de invalidez dentro de un año de la cuota laboral del 3 por ciento fue avalada con 6 votos, incluido el de Batres, aunque la ministra aclaró que no estaba a votación el abandono del criterio vigente.Los otros proyectos sobre la falta de consulta previa, excepto el suyo, están previstos para analizarse este miércoles.
