Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 16 mil 756 personas en Chihuahua vivieron un desplazamiento de residencia asociado con situaciones de inseguridad delictiva o violencia, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.
Chihuahua registró que en el 1.4 por ciento de los hogares al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a situaciones de inseguridad delictiva o violencia, según los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La medición, cuyos resultados fueron presentados el pasado 22 de septiembre de 2026, incorporó por primera vez información sobre desplazamiento forzado interno a nivel nacional, con el objetivo de dimensionar la población afectada por este fenómeno.
La EIC 2025 fue levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. De acuerdo con el INEGI, el desplazamiento forzado interno contempla a los hogares donde al menos una persona tuvo que cambiar de residencia debido a situaciones de inseguridad delictiva o violencia, así como por catástrofes naturales o de origen humano.
Los datos del INEGI se suman a los registros de organizaciones civiles que han documentado el desplazamiento de comunidades chihuahuenses como consecuencia de la violencia.
De acuerdo con un informe de la Misión Civil de Observación (MCO), Chihuahua se encuentra entre las entidades que concentran una mayor cantidad de personas desplazadas en México. Durante 2025, la organización registró al menos 4 mil 492 personas desplazadas en el estado, de las cuales mil 335 habían salido del municipio de Guadalupe y Calvo.
En la comunidad ódami de La Sierrita, alrededor de 60 personas fueron desplazadas en junio de 2023 ante el recrudecimiento de la inseguridad, en un contexto relacionado con la tala ilegal y la presencia de grupos armados.
La situación también afectó a habitantes de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo. El informe documenta que más de 600 personas llegaron a Hidalgo del Parral durante 2026 después de abandonar sus comunidades debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y amenazas de reclutamiento forzado contra jóvenes.
El documento también aborda el caso de Kenya Anayeli V.R., una adolescente indígena de 14 años que fue sustraída de su domicilio el 26 de febrero y posteriormente localizada sin vida. La MCO relacionó el caso con el contexto de violencia y desplazamiento que afecta a la comunidad de Atascaderos.
Más de 1.6 millones de personas desplazadas en México
A nivel nacional, el INEGI estimó que más de 1.6 millones de personas tuvieron que cambiar de residencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025 debido a situaciones de inseguridad delictiva o violencia.
Durante ese periodo, alrededor de 510 mil hogares contaban con al menos una persona que abandonó su lugar de residencia por estas causas. En conjunto, dichos hogares estaban integrados por aproximadamente 1.6 millones de personas.
El organismo también identificó desplazamientos derivados de fenómenos naturales. Cerca de 152 mil hogares reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a desastres naturales, lo que representó alrededor de 486 mil personas.
Por entidad federativa, Zacatecas registró la mayor proporción de población en hogares donde al menos una persona se desplazó por inseguridad o violencia, con 2.2 por ciento. Oaxaca presentó la proporción más baja, con 0.6 por ciento.
El promedio nacional fue de 1.5 por ciento. Hidalgo se ubicó en ese mismo nivel, mientras que Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua registraron 1.4 por ciento.
Además de los datos de la Encuesta Intercensal, la MCO cita información sobre las denuncias presentadas ante autoridades estatales. Entre 2023 y septiembre de 2025 se habían registrado 83 denuncias por desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
Entre sus hallazgos, las organizaciones cuestionan que la respuesta institucional continúe siendo fragmentada y principalmente asistencial, sin una estrategia de largo plazo para prevenir nuevos desplazamientos, proteger a las víctimas y garantizar soluciones duraderas.
Otro de los problemas señalados es la falta de un registro público estatal que permita conocer con precisión la dimensión del desplazamiento forzado interno en Chihuahua.
Ante esta situación, la Misión Civil de Observación plantea que el Estado mexicano reconozca oficialmente la magnitud del desplazamiento forzado interno y establezca una política pública integral para atender a las personas afectadas.
Entre sus recomendaciones se encuentra la creación de un Registro Estatal de Personas Desplazadas Internamente, así como el fortalecimiento de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
La organización también propone garantizar el acceso a la justicia, acelerar las investigaciones relacionadas con las denuncias existentes e impulsar una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno.
Dicha legislación, plantea la MCO, debería establecer responsabilidades claras para los distintos niveles de gobierno e incluir medidas de prevención, protección, atención, reparación integral y generación de soluciones duraderas para las personas desplazadas.
