Regular las parodias, imágenes y contenidos digitales abre una línea muy delgada entre proteger a las personas del engaño y limitar la libertad de expresión. El debate ya está en el Senado, donde se plantea una reforma con penas de cárcel por utilizar o imitar identidades oficiales, disposición que fue modificada durante su discusión en comisiones ante las críticas sobre sus posibles alcances.
El problema existe y merece ser legislado. Aunque la modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no menciona directamente la inteligencia artificial y se refiere de manera general a medios tecnológicos, esta herramienta permite fabricar videos, fotografías y voces de funcionarios con un realismo capaz de engañar a las audiencias. Estos contenidos pueden utilizarse con fines políticos, pero también para solicitar dinero, obtener datos personales o cometer fraudes.
Es difícil definir dónde termina una parodia evidente y dónde empieza una falsificación diseñada para engañar. Memes, caricaturas y sátira son parte de las redes sociales, y establecer sanciones ambiguas podría provocar autocensura entre periodistas, medios, creadores y ciudadanos. Ese riesgo fue precisamente uno de los puntos señalados durante la discusión legislativa.
Aunque el texto fue ajustado para concentrarse en el uso de identidad gráfica, dominios o documentos oficiales con intención de engañar y cometer un ilícito, queda pendiente una mayor claridas, porque las penas propuestas quedaron de uno a cinco años de prisión, y pudiera prestarse a censuras del poder.
La IA seguirá avanzando y los montajes serán cada vez más difíciles de distinguir. México necesita reglas para perseguir fraudes y suplantaciones que causen daños reales. Una legislación de este tamaño requiere más calma, definiciones precisas y escuchar a periodistas, especialistas en tecnología, juristas, organizaciones civiles y defensores de derechos digitales.
