Luego de un intento de desalojo que generó tensión la mañana del jueves en el fraccionamiento Las Huertas, vecinos del sector y representantes de una inmobiliaria alcanzaron un acuerdo para abrir mesas de trabajo y buscar una solución al conflicto por la posesión de viviendas.
El hecho se registró cuando representantes legales de la empresa acudieron al lugar; sin embargo, habitantes del sector se organizaron e impidieron la acción, lo que derivó en una movilización que requirió la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Tras varios minutos de diálogo en el sitio, ambas partes accedieron a establecer mesas de negociación con el objetivo de atender la problemática y encontrar alternativas que eviten nuevos enfrentamientos, priorizando una salida legal y ordenada.
De acuerdo con los representantes de la inmobiliaria, se propondrá a las familias un pago inicial de 100 mil pesos para comenzar el proceso de regularización de la propiedad, mientras que se estima que al menos 190 hogares están involucrados, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer avances concretos.
Actuarios respaldados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron un operativo en el fraccionamiento Las Huertas con el objetivo de ejecutar desalojos, generando incertidumbre entre familias que aseguran haber habitado sus viviendas por más de cuatro décadas.
La movilización se produjo en medio de un litigio por la propiedad de los inmuebles, lo que derivó en la presencia policial y en intentos de embargo que, según los residentes, carecen de claridad legal.
Claudia Cecilia Rivera, una de las afectadas, explicó que durante años han tratado de ubicar al propietario legal de las viviendas sin éxito, pero recientemente surgieron supuestos representantes que aseguran haberlo localizado.
La vecina cuestionó la aparición tardía de estos presuntos dueños, señalando que resulta sospechoso que, después de 45 años, se presenten reclamando derechos sobre los inmuebles.
De acuerdo con los testimonios, alrededor de 192 familias se encuentran en la misma situación, muchas de las cuales han intentado regularizar su situación mediante pagos sin lograr certeza jurídica.
Los habitantes recordaron que cuando llegaron al fraccionamiento, este se encontraba abandonado, sin servicios básicos como agua potable o electricidad, y con viviendas en condiciones precarias. Con el paso del tiempo, los colonos aseguran haber mejorado las condiciones del lugar, por lo que consideran injusto enfrentar ahora procesos de desalojo.
