Un total de 22 sanciones administrativas firmes fueron registradas contra personal del Poder Judicial de la Federación en el estado de Chihuahua entre 2024 y 2026, entre ellas una destitución, una inhabilitación temporal y una suspensión, de acuerdo con información oficial proporcionada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Los registros muestran que la mayor cantidad de sanciones se concentró en 2024, cuando se contabilizaron 11 medidas disciplinarias, mientras que durante 2025 se registraron otras 10 y en lo transcurrido de 2026 únicamente una.
De las 22 sanciones reportadas, 14 correspondieron a amonestaciones privadas, lo que representa el 63.6 por ciento del total. Esta medida fue la más recurrente entre las resoluciones disciplinarias registradas, según la información obtenida vía transparencia solicitada por El Heraldo de Juárez.
También se contabilizaron dos amonestaciones públicas y tres apercibimientos privados, mientras que las sanciones de mayor gravedad consistieron en una destitución del cargo, una inhabilitación temporal para desempeñar funciones públicas y una suspensión.
Estas últimas tres medidas fueron registradas durante 2024, año que concentró tanto el mayor número de sanciones como las consecuencias administrativas más severas dentro del periodo analizado.
En conjunto, las amonestaciones y los apercibimientos representaron 19 de las 22 sanciones firmes, equivalentes al 86.4 por ciento del total, mientras que la destitución, la inhabilitación y la suspensión constituyeron el 13.6 por ciento restante.
La distribución de las sanciones permite identificar que la mayoría de los procedimientos concluidos con una medida disciplinaria derivó en resoluciones de menor severidad, aunque también existieron casos que ameritaron la separación del cargo o restricciones para continuar desempeñando funciones públicas.
Sin embargo, la información proporcionada por el Tribunal de Disciplina Judicial no permite establecer cuáles fueron las conductas específicas que originaron cada una de las sanciones.
Tampoco se precisaron los nombres de los servidores públicos involucrados, sus cargos, los órganos jurisdiccionales a los que estaban adscritos ni los municipios donde desempeñaban sus funciones.
Por esta razón, aunque los registros corresponden al estado de Chihuahua, no es posible determinar cuántas de estas sanciones fueron impuestas a personal de los juzgados y tribunales federales ubicados en Ciudad Juárez o en la capital del estado. La respuesta tampoco especifica la duración de la suspensión o de la inhabilitación temporal, datos que permitirían conocer el alcance de ambas medidas.
Otro aspecto importante es que los 22 registros corresponden a sanciones firmes y no necesariamente a 22 servidores públicos diferentes, debido a que la información entregada no permite descartar que una misma persona haya sido objeto de más de una medida disciplinaria.Las sanciones firmes son aquellas que han adquirido carácter definitivo dentro del procedimiento correspondiente, por lo que no deben confundirse con las quejas presentadas, las investigaciones iniciadas o los expedientes administrativos que todavía se encuentran en trámite.
Tras la reorganización del sistema disciplinario del Poder Judicial Federal, sus funciones de vigilancia e investigación de conductas administrativas fueron modificadas con la reforma judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial asumió atribuciones relacionadas con la vigilancia de la conducta de los servidores públicos judiciales, mientras que anteriormente estas funciones correspondían, en buena medida, al Consejo de la Judicatura Federal.Si bien en la respuesta oficial se proporcionaron los registros de sanciones, no se emitió un desglose que permita identificar las faltas administrativas que motivaron las resoluciones ni identificar cuáles fueron las principales irregularidades cometidas por el personal judicial ni los órganos jurisdiccionales donde ocurrieron.
La falta de información impide conocer si las sanciones estuvieron relacionadas con retrasos en la tramitación de expedientes, incumplimiento de obligaciones administrativas o irregularidades en el ejercicio de funciones.
