Cuatro familias asentadas junto al muro fronterizo, en la zona de Anapra, serán reubicadas e indemnizadas por el Municipio luego de acreditar que adquirieron legalmente sus terrenos a particulares, informó el director de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz.
El funcionario explicó que estas familias forman parte de las acciones emprendidas por autoridades municipales, estatales y federales para liberar la franja fronteriza y permitir un mayor despliegue de vigilancia por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
“Cuatro familias quedaron pendientes porque acreditaron que compraron bien a un particular. A esas no las vamos a intervenir hasta que tengamos definido dónde serán reubicadas y se les indemnice conforme a derecho”, señaló.
De acuerdo con De la Cruz, tres de los casos corresponden a predios ubicados en áreas donde existe un convenio con el Municipio y uno más se encuentra en una zona vinculada con el Gobierno del Estado. En todos los casos se realizará un avalúo para determinar el monto de la compensación económica que recibirán los afectados.
En contraste, otras cuatro familias que ocupaban terrenos de manera irregular ya fueron reubicadas en la colonia Juanita Luna.
“Eran personas que no acreditaron la propiedad ni una compra legal; simplemente llegaron a ocupar el terreno. A ellas se les otorgó un predio en la Juanita Luna para su reubicación”, indicó.
Además, el director de Asentamientos Humanos informó que dos viviendas abandonadas ubicadas dentro del perímetro de intervención permanecen bajo proceso administrativo luego de que sus ocupantes no respondieran a los citatorios emitidos por la autoridad.
“Se dejaron citatorios desde hace más de 15 días para que acreditaran la propiedad y explicaran cómo adquirieron esos inmuebles. No comparecieron y, en la mayoría de los casos, no cuentan con documentación”, afirmó.
Advirtió que, al encontrarse dentro de la franja de seguridad cercana al muro fronterizo, las construcciones podrían ser demolidas si no se acredita su legal posesión.
“Estamos coadyuvando con el Gobierno Federal para liberar la franja y facilitar los recorridos de vigilancia del Ejército y la Guardia Nacional. El objetivo es fortalecer la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos”, agregó.
El pasado 15 de mayo, como parte de estas acciones, al menos diez familias fueron desalojadas de un asentamiento irregular ubicado junto al muro fronterizo. En el sitio fueron demolidas viviendas construidas con madera, cartón y material sólido, luego de que las autoridades determinaran que ocupaban terrenos irregulares dentro de la franja de seguridad fronteriza.
La intervención fue coordinada por diversas dependencias municipales con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en una de las operaciones de reordenamiento más amplias realizadas en años recientes en el sector de Anapra.
SOSPECHAN USO DE VIVIENDAS PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS
Las viviendas retiradas recientemente en las inmediaciones del muro fronterizo pudieron haber sido utilizadas como casas de seguridad para el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
El titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, informó que esta situación fue abordada durante una reciente reunión binacional entre autoridades de ambos lados de la frontera, donde se presentaron los avances del operativo de reordenamiento urbano y seguridad implementado en Anapra.
Debido a la cercanía de varias construcciones con el muro fronterizo, existe la presunción de que algunos inmuebles pudieron ser utilizados para actividades relacionadas con el tráfico de migrantes, aunque al momento de las intervenciones ya no se encontraron personas en su interior.
Muñoz Morales explicó que el operativo se mantiene desde mediados de mayo con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El despliegue busca recuperar espacios ocupados de manera irregular, facilitar el acceso de las corporaciones de seguridad, reforzar la vigilancia en la frontera y evitar que estas zonas sean utilizadas para actividades ilícitas.
