El 26 de junio de 2025 Ciudad Juárez despertó con una noticia que cimbró a la frontera y colocó a Chihuahua en la atención nacional e internacional: 386 cuerpos fueron localizados apilados dentro del crematorio Plenitud, pese a que decenas de familias habían contratado servicios funerarios bajo la creencia de que sus seres queridos habían sido cremados. Un año después, el caso continúa abierto.
Aunque las autoridades reportan avances importantes en la identificación de víctimas, el procesamiento de evidencias y las investigaciones relacionadas con funerarias y posibles omisiones institucionales, persisten interrogantes fundamentales sobre cómo fue posible que cientos de cuerpos permanecieran almacenados durante años sin que ninguna autoridad detectara o frenara la situación.
Mientras algunas han recuperado los restos de sus seres queridos, otras continúan esperando respuestas. A ello se suma el reclamo constante de al menos dos colectivos que consideran insuficientes los avances en materia de justicia y señalan que todavía no existen responsables castigados por las posibles omisiones que permitieron la operación irregular del crematorio.
El caso se ha convertido en uno de los mayores desafíos forenses, jurídicos y sociales que ha enfrentado Chihuahua en años recientes.
EL HALLAZGO QUE SACUDIÓ A JUÁREZ
Todo comenzó tras reportes ciudadanos sobre olores fétidos y movimientos inusuales en un inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. Cuando las autoridades ingresaron al lugar encontraron una escena difícil de dimensionar: cuerpos embalsamados almacenados en distintas áreas del crematorio, algunos con varios años de permanencia una capa de grasa corporal de cinco centímetros tapizaba el piso el lugar. La cifra inicial fue de 383 cuerpos, pero posteriormente aumentó a 386.
Las primeras investigaciones establecieron que numerosos cadáveres habían sido entregados por funerarias para su cremación, proceso que presuntamente nunca se realizó. La revelación provocó una crisis de confianza en el sector funerario y abrió una investigación sin precedentes para determinar responsabilidades penales, administrativas y sanitarias.
Con el paso de los meses, el caso dejó de ser únicamente una investigación criminal para convertirse en una demanda social de verdad, justicia y reparación.
MÁS DE MIL 600 FAMILIAS EN BUSCA DE RESPUESTAS
La dimensión humana del caso quedó reflejada en el número de personas que acudieron a las autoridades: más de mil 600 ciudadanos solicitaron información para determinar si sus familiares podían encontrarse entre las víctimas recuperadas del crematorio.
La Fiscalía implementó un esquema especial de atención mediante entrevistas post mortem, recopilación de información médica y acompañamiento psicológico y jurídico.
“Se analizó toda la información proporcionada por las familias y se realizaron entrevistas post mortem para obtener datos que permitieran avanzar en la identificación de las víctimas”, señaló Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra La Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública.
Se habilitaron espacios especializados para las notificaciones a familiares y se establecieron protocolos para la entrega de restos. Sin embargo, el proceso ha estado acompañado por la incertidumbre.
Colectivos de víctimas señalan que la cantidad de personas que buscaron respuestas supera ampliamente el número de cuerpos identificados, situación que ha alimentado dudas sobre el alcance real del caso.
Algunas familias continúan cuestionando qué ocurrió con los restos de sus seres queridos y exigen que las investigaciones esclarezcan completamente la dimensión de los hechos.
LAS INVESTIGACIONES CONTRA FUNERARIAS
El caso Plenitud también derivó en investigaciones contra diversas funerarias vinculadas comercialmente con el crematorio. Hasta el momento se han presentado 157 querellas por fraude; de ellas, 74 ya fueron judicializadas.
Entre las empresas señaladas aparecen diversas funerarias que habrían mantenido relaciones operativas con el crematorio durante el período investigado.
Entre las empresas investigadas se encuentran Funeraria Latinoamericana, Luz Divina, Protecto Deco, Milagros, Camino al Cielo, Monte de los Olivos, Paraíso y Funeraria del Carmen.
Sobre la funeraria Del Carmen, la Fiscalía informó que existen seis causas penales en proceso relacionadas con dicha empresa y que tres personas permanecen bajo prisión preventiva.
“Ya se formuló acusación formal en contra de los imputados y actualmente nos encontramos en la etapa intermedia del proceso penal”, explicó Montoya.
Además se realizaron cateos en propiedades vinculadas con la investigación, donde fueron localizados diversos indicios considerados relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Las autoridades sostienen que las investigaciones continúan abiertas y que podrían derivar en nuevas acciones judiciales.
EL DUEÑO SIGUE FUERA DEL PAÍS
Uno de los puntos que más indignación genera entre familiares y colectivos es la situación del propietario del crematorio. José Luis A. C., identificado como dueño de Plenitud, permanece fuera del país.
La Fiscalía informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para concretar la emisión de una ficha roja de Interpol que permita establecer una alerta migratoria internacional.
“Ya hay un avance considerable y esperemos que en próximos días o semanas ya se tenga la emisión propia de la ficha roja por parte de Interpol, para tal efecto y poder tener esa condición de alerta migratoria”, indicó Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la dependencia en la Zona Norte.
El encargado del despacho reconoció que se trata de un caso complejo, pero afirmó que la autoridad estatal mantendrá las gestiones para lograr la localización del dueño del crematorio, al considerar que se trata de un hecho que lastimó profundamente a la sociedad chihuahuense y a las familias afectadas.
El objetivo es lograr la localización y eventual captura del empresario para que enfrente los procesos judiciales correspondientes. Mientras tanto, continúa sustraído de la acción de la justicia.
La otra persona vinculada originalmente al caso fue Facundo Teófilo M. R., empleado del crematorio, quien falleció meses después de iniciadas las investigaciones.
LAS OMISIONES BAJO LA LUPA
Además de las responsabilidades directas, la investigación también se ha concentrado en posibles omisiones de servidores públicos.
La Fiscalía informó que existen procedimientos para revisar actuaciones de funcionarios estatales y municipales relacionados con áreas de supervisión sanitaria, protección civil, ecología, desarrollo urbano y regulación comercial. Las autoridades dieron vista a instancias de control interno para determinar posibles responsabilidades administrativas.
La coordinadora general de agentes del Ministerio Público, Alma Vázquez, informó que entre las dependencias señaladas se encuentran La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), la Dirección de Ecología Municipal, Protección Civil Municipal, Desarrollo Urbano y Regulación Económica.
Paralelamente se mantiene abierta una carpeta de investigación penal para establecer si algunas conductas omisivas pudieran constituir delitos; sin embargo, a un año del hallazgo no existen sanciones firmes contra funcionarios.
“Se busca establecer si las conductas observadas pueden configurar responsabilidades penales susceptibles de persecución”, señaló Vázquez.
Ese punto se ha convertido en uno de los principales reclamos de las familias afectadas.
“NO HAY JUSTICIA”
Para los colectivos de víctimas, los avances institucionales son insuficientes.
La vocera del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos, Dora Elena Delgado Barraza, lamentó que a casi un año del escándalo del Crematorio Plenitud persista la impunidad y no existan sanciones contra funcionarios presuntamente responsables por omisiones en el caso, pese a que, sostuvo, distintas instancias estatales y municipales habrían entorpecido las investigaciones y las acciones para evitar la repetición de los hechos.
Consideran que las investigaciones avanzan lentamente y cuestionan que las posibles responsabilidades de funcionarios permanezcan principalmente en el ámbito administrativo.
Delgado Barraza advirtió que todavía hay pendientes en la identificación y localización de personas afectadas, pues aunque oficialmente se habla de 251 cuerpos, aún faltarían 135 por esclarecer dentro de ese universo.
Sin embargo, señaló que la dimensión real del caso podría ser mayor, ya que la propia autoridad habló de una temporalidad de cinco años de operación, mientras que lo revisado hasta ahora correspondería únicamente del segundo semestre de 2022 a 15 días antes del hallazgo.
“Todavía hay pendientes… estamos hablando de que dicen que 251, entonces faltan 135 cuerpos”, expuso. Recordó además que, al abrirse la atención a víctimas, mil 600 personas acudieron al Centro de Atención a Víctimas, lo que, dijo, refleja la magnitud del daño y la incertidumbre que aún persiste entre familias usuarias de las funerarias señaladas.
La activista cuestionó la disparidad entre el número de personas que buscaron respuestas y la cantidad de cuerpos identificados en la investigación. Recordó incluso versiones dadas desde el inicio del caso sobre la presunta entrega de restos que no corresponderían a una sola persona. “La disparidad radica en esa temporalidad de cinco años de la que ellos hablaron”, insistió.
Pero el reclamo central del colectivo, dijo, sigue siendo la ausencia de castigo a quienes, desde el servicio público, habrían permitido con omisiones o negligencia que el caso escalara sin ser detectado a tiempo. Delgado Barraza aseguró que el grupo mantendrá movilizaciones y presión institucional porque, hasta ahora, las víctimas se han topado con una respuesta oficial insuficiente.
“Vamos a ser reiterativas de que no hay delitos en los titulares”, reprochó, al adelantar que buscarán reuniones y acciones con diversas autoridades e instancias, entre ellas la Fiscalía, el Congreso del Estado y el Poder Judicial.
La vocera acusó una especie de “alineación” institucional para frenar el avance del caso del crematorio. Señaló directamente a áreas como la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Servicios Periciales, el Registro Civil, el Congreso y el Poder Judicial, a los que responsabilizó de obstaculizar o retrasar acciones encaminadas a la justicia y a la no repetición.
Para ellas, el caso no puede darse por concluido mientras existan cuerpos sin identificar y funcionarios sin investigar a profundidad.
