A casi 10 meses del hallazgo de los cadáveres apilados en el Crematorio Plenitud, cuyo aniversario se cumplirá el próximo 26 de abril, integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos denunciaron que han sido víctimas de violencia estructural por parte del Gobierno del Estado, al enfrentar un proceso marcado por la incertidumbre, la falta de respuestas y la inacción institucional.
“Todos los del colectivo estamos en incertidumbre”, expresaron, al señalar que la búsqueda de justicia se ha convertido en un “peregrinar” desgastante, en el que las familias han tenido que asumir tareas que corresponderían a las autoridades.
De acuerdo con cifras del propio colectivo, son más de mil 500 familias afectadas por este caso. Hasta el momento, se tiene registro de 386 cuerpos localizados, con la participación de al menos ocho funerarias involucradas. De estos, 224 habían sido identificados hasta el último informe entregado a la representante legal del colectivo, Dora Elena Delgado Barraza.
Durante un posicionamiento público, Delgado Barraza cuestionó la falta de actuación oportuna de las instituciones encargadas de supervisar y regular este tipo de servicios, señalando posibles actos de corrupción derivados de la omisión.
“Para poder decir que existe corrupción, tuvimos que investigar y fundamentar cuáles son las funciones de las instituciones. No es un señalamiento al aire, hablamos del ejercicio de funciones en un tema muy específico: el manejo del crematorio”, sostuvo.
Añadió que la impunidad que prevalece en el caso ha obligado a las familias a emprender por cuenta propia investigaciones y gestiones. “Es absurdo que tengas que buscar justicia por tu cuenta”, expresó.
Integrantes del colectivo coincidieron en que, desde el hallazgo de los cuerpos, los cuales no habían sido cremados como se suponía, las autoridades han fallado en garantizar claridad, transparencia y justicia para las víctimas.
A las denuncias se sumó Eleuterio Palacios, quien exigió que se realicen excavaciones en las instalaciones del crematorio para descartar la posible existencia de cuerpos enterrados, al señalar que no existe certeza plena sobre lo ocurrido en el sitio.
“No nos da certeza de que no existan cosas ahí, que haya cuerpos enterrados”, advirtió. Cuestionó además que, pese a la magnitud del caso, no existan personas sancionadas o funcionarios separados de sus cargos. “Casi 400 cuerpos hasta ahorita y no hay ninguna autoridad sancionada, ningún culpable. ¿La ley con quién está?”, reclamó.
Palacios también señaló que las reuniones sostenidas con representantes estatales han resultado insuficientes, pues, dijo, únicamente se les informa sobre el número de cuerpos identificados y notificados, sin avances en responsabilidades penales o administrativas.
“¿Qué pasa con las funerarias? Siguen trabajando. ¿Cómo es posible que con 386 cuerpos apilados sigan operando normalmente?”, cuestionó. El integrante del colectivo denunció además actos de hostigamiento hacia las familias durante manifestaciones públicas, al asegurar que han sido vigiladas por corporaciones de seguridad.
“En ocasiones hemos sentido que somos atacados. Hacemos manifestaciones y tenemos policías estatales, Guardia Nacional tomando fotografías”, señaló. Por su parte, Dora Elena Delgado acusó que las familias han enfrentado una “violencia estructural brutal”, al señalar que incluso se les ha impedido ejercer plenamente su derecho a denunciar como víctimas.
“Más de mil 500 familias no han podido presentar una denuncia como corresponde. Eso es violentar derechos reconocidos en tratados nacionales e internacionales”, afirmó.
Criticó también la falta de transparencia en torno a las pruebas genéticas realizadas a familiares y los retrasos en la entrega de resultados. Recordó que durante abril no se presentó reporte alguno de identificaciones, situación que, dijo, tuvo que ser reclamada directamente al fiscal general.
“Nosotros tenemos que estar solicitando la información para saber si están funcionando las pruebas genéticas. No es por fastidiar, es para que las familias sepan si hay avances reales”, sostuvo.
Delgado Barraza recordó además que tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Búsqueda para apoyar en labores de certificación, luego de resistencias iniciales por parte del gobierno estatal. “Se negaban porque decían que ellos iban a terminar más rápido, pero tuvo que intervenir la Comisión Nacional”, señaló.
Las familias cuestionaron que el enfoque institucional se haya centrado casi exclusivamente en la identificación de cuerpos, sin avances visibles en el castigo a responsables. Reprocharon que, pese a la dimensión del caso, no existan consecuencias para quienes permitieron que operara el crematorio en esas condiciones.
A unos días de que se cumplan 10 meses del caso, el colectivo reiteró su exigencia de resultados concretos, excavaciones en el predio, transparencia en las pruebas genéticas, sanciones para funcionarios y empresarios involucrados, así como el esclarecimiento total de los hechos.
“Los culpables están a gusto en su casa y nosotros seguimos en las calles buscando justicia”, resumió Palacios.
Para las familias, el caso del Crematorio Plenitud no solo representa una crisis forense, sino una muestra de abandono institucional que, aseguran, sigue profundizando el dolor de cientos de personas que aún esperan respuestas.
