En el desierto de Ciudad Juárez, la comunidad rarámuri del Kilómetro 30 vive un proceso de transformación; sus habitantes han comenzado a tomar mayor conciencia de sus derechos como ciudadanos y hoy exigen condiciones básicas de vida, como el acceso al agua potable.
“Estamos luchando por tener agua, que es un derecho vital, y no lo tenemos”, afirmó Adelina Marta Sandoval Bustillos, gobernadora tradicional de la comunidad, quien encabeza la organización de 46 familias que suman alrededor de 120 personas.
Este despertar social ha sido impulsado por la educación y la organización interna. “Ya conocemos nuestros derechos y, lo que yo sé, se lo comparto a las demás personas para que sepan un poco más”, explicó.
Este proceso también ha derivado en una mayor participación comunitaria, añadió: “Hoy sí alzamos la voz, tenemos esa voz y ya no nos manejan tan fácil”.
Pese a que muchas de las familias migraron desde la Sierra Tarahumara, principalmente de Norogachi, en el municipio de Guachochi, y llevan más de dos décadas en esta frontera, siguen enfrentando rezagos históricos, especialmente en servicios básicos.
A la par de estas carencias, la precariedad económica marca la vida diaria. Socorro Sandoval Quintero, integrante de la comunidad, relató las dificultades para acceder a una vivienda digna, aún teniendo empleo formal.
“Hace como un mes compré un terrenito, pero no he podido construir nada porque no hay dinero. Trabajo en maquila, pero no es suficiente”, señaló.
Socorro destina alrededor de 3 mil pesos mensuales para pagar su terreno, lo que le impide avanzar en la construcción de su casa.
Como ella, algunos de los integrantes de la comunidad dependen del trabajo en la industria maquiladora, siendo la planta de Foxconn de Santa Teresa donde tienen mayor presencia. En su caso, Socorro trabaja en el área de materiales.
El resto de las mujeres rarámuris que trabajan, lo hacen como trabajadoras domésticas o en la venta de artesanías. En ningún caso alcanzan los recursos, insistió Socorro: “Tendríamos que trabajar más o hacer horas extras, pero casi no hay”.
En medio de estas condiciones, la comunidad también enfrenta el reto de preservar su identidad cultural, particularmente la lengua rarámuri. “Se está perdiendo un poco, pero yo les enseño a mis hijos; aprenden muy rápido porque son como esponjitas”, explicó la gobernadora.
Por ello, han impulsado la inclusión de docentes hablantes de su lengua en las escuelas. “Lo que estaba luchando era que se incluyera una maestra rarámuri para que sigamos con la lengua, que no se pierda la cultura”, dijo.
Aunque actualmente cuentan con maestros que no son de la comunidad, reconoció en ellos su disposición: “Se les ve el interés, hasta nos preguntan qué significa y eso es muy bueno”.
Adelina Sandoval Bustillos también explicó que existen diferencias entre las variantes del idioma y la cultura rarámuri según la región de origen. “Somos rarámuris, pero hay palabras que no se entienden entre la baja y la alta, aunque las tradiciones son casi las mismas”, detalló.
En cuanto a apoyos, la comunidad ha tenido que recurrir principalmente a asociaciones civiles. “He gestionado despensas, apoyos para los niños y un comedor; el Banco de Alimentos nos ayuda cada dos semanas y es muy buen apoyo”, indicó.
No obstante, subrayó la falta de respaldo oficial. También destacó la reciente brigada dental gratuita realizada por una organización civil. “Es un gran apoyo porque nunca había habido una fundación que atendiera lo dental, y a veces no nos atendemos ni en la salud”, dijo.
Pese a los avances en visibilidad y representación indígena, consideran que aún falta mucho por hacer. “Todas las comunidades indígenas han luchado para que haya estos avances; ahora ya es ley que haya representación indígena en cargos políticos”, comentó.
Aun así, cuestionó la efectividad de algunos programas sociales. “No siempre llegan a donde deberían, a los más pobres”, señaló.
En Juárez, existen al menos 16 comunidades indígenas y los rarámuris del Kilómetro 30 representan un ejemplo de resistencia y organización.
Hoy, más allá de sobrevivir, buscan ser reconocidos plenamente como ciudadanos, con exigencias claras: acceso al agua, mejores condiciones de vida y oportunidades reales, concluyó la gobernadora.
