Las desapariciones de personas en México no necesariamente responden a motivos políticos ni a órdenes directas del gobierno, afirmó Judith Galarza Campos, presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), al señalar que, aunque en algunos casos pueden existir autoridades involucradas, muchas de estas situaciones están relacionadas con la actividad de grupos criminales.
La activista explicó que el contexto actual es distinto al que se vivía durante las décadas de los años 60 y 70, cuando las desapariciones forzadas estaban vinculadas con acciones del Estado en contra de movimientos sociales o políticos.
En ese sentido, consideró poco probable que actualmente las desapariciones sean ordenadas directamente por el gobierno federal, al señalar que la política oficial se ha enfocado en el respeto a los derechos humanos y en brindar acompañamiento a madres y familiares de personas desaparecidas.
Galarza Campos recordó que integrantes de la organización han participado en trabajos impulsados por el gobierno federal para esclarecer casos del pasado, particularmente durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros iniciamos a trabajar con el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico donde tuvimos avances, aunque nosotros decimos que, si no están nuestros familiares detenidos y desaparecidos, sigue una política de impunidad y se tiene que continuar con la investigación”, expresó.
La presidenta de Fedefam subrayó que la organización continuará trabajando para exigir verdad, justicia y el combate a la impunidad en los casos de desaparición, al considerar que la falta de castigo puede provocar que estos delitos se repitan.
De acuerdo con cifras dadas a conocer recientemente por el gobierno federal, en México existen 130 mil 178 reportes de desaparición de personas registrados desde 2006, año en que comenzó la estrategia de combate al narcotráfico, hasta la actualidad.
Galarza Campos explicó que Fedefam México fue convocada para participar en la revisión de estos informes debido a su trayectoria en el tema desde la década de los años setenta, trabajando con familiares de víctimas en estados como Guerrero, Oaxaca y otras entidades del país.
La organización ha documentado listas de personas detenidas y desaparecidas por razones políticas hasta el año 2000, con aproximadamente mil 300 casos registrados; de ese total, cerca de 800 correspondían a campesinos —hombres y mujeres— del estado de Guerrero.
Posteriormente, a partir de 2005, la problemática se agravó con desapariciones relacionadas con el narcotráfico, así como con casos de jóvenes y mujeres víctimas de trata de personas, en un contexto donde, según recordó la activista, en muchos casos las investigaciones oficiales no avanzaban y las pruebas eran ocultadas o eliminadas.
