El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador en un ataque a un barco que, según las autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilícitas. El presidente Trump respondió el domingo que recortaría la asistencia e impondría nuevos aranceles al país.
La disputa entre los dos líderes reflejó las crecientes tensiones en la región por el enorme despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el vecino de Colombia, Venezuela. Las fuerzas estadounidenses han matado a decenas de personas en las últimas semanas a bordo de embarcaciones que, según el gobierno de Trump, transportaban drogas desde Venezuela.
La administración no ha proporcionado evidencia para respaldar las afirmaciones más allá de las descripciones de las evaluaciones de inteligencia y los videos desclasificados de partes de los ataques. Los especialistas legales han calificado tales asesinatos como ilegales, porque los militares no pueden atacar legalmente a civiles que no representan una amenaza en el momento y no participan directamente en las hostilidades.
«Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales», escribió Petro en las redes sociales. Dijo que el hombre muerto en el ataque de mediados de septiembre, Alejandro Carranza, era un «pescador de toda la vida» cuyo bote había sufrido daños y estaba a la deriva, probablemente en aguas colombianas, en el momento del ataque. Su descripción de Carranza y su bote no pudo ser confirmada de inmediato.
Trump respondió acusando a Petro de no hacer lo suficiente para frenar la producción de drogas ilegales, llamándolo un «traficante de drogas ilegales» con «una boca fresca hacia Estados Unidos». Trump también dijo que Estados Unidos detendría los pagos de ayuda a Colombia, que durante mucho tiempo se ha clasificado entre los mayores receptores mundiales de asistencia antinarcóticos de Estados Unidos. Más tarde dijo a los periodistas en el Air Force One que anunciaría nuevos aranceles sobre los productos colombianos el lunes.
Los dos presidentes han tenido una relación tormentosa desde el comienzo de la segunda administración Trump.
En enero, pocos días después de que Trump asumiera el cargo, amenazó con imponer aranceles altísimos a Colombia cuando Petro tomó medidas para bloquear el uso de aviones militares por parte de Trump para deportar a miles de migrantes a Colombia.
Estados Unidos también revocó la visa de Petro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, después de que pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin propalestino en Nueva York.
Aún así, no estaba claro de inmediato qué impacto podrían tener los nuevos recortes de ayuda de Trump. La administración Trump ya había recortado la ayuda a Colombia a principios de este año, como lo hizo en otras partes de América Latina.
Colombia iba a recibir más de 400 millones de dólares en ayuda a principios de año, según Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de investigación. Dijo que los recortes anteriores habían dejado a Colombia con aproximadamente una cuarta parte de eso.
Si bien Colombia y Estados Unidos aún cooperan en los esfuerzos antinarcóticos, la asistencia general de Estados Unidos al país también había disminuido desde los años del «Plan Colombia», una iniciativa de principios de la década de 2000 que se cerró hace una década y tenía como objetivo combatir tanto a los cárteles de la droga como a las insurgencias armadas de izquierda.
Más allá del efecto sobre la ayuda, la disputa subraya cómo Colombia podría enfrentar mayores consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
Colombia es, con mucho, el mayor productor mundial de cocaína y un actor mucho más importante en el comercio mundial de drogas que Venezuela, que produce cantidades insignificantes de cocaína y esencialmente no desempeña ningún papel en la producción o el contrabando de fentanilo.
Poco después de que Trump emitiera su llamado a detener la ayuda a Colombia, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció otro ataque contra un barco, que según Hegseth estaba conectado con un grupo rebelde colombiano, el Ejército de Liberación Nacional. Sin proporcionar evidencia de sus afirmaciones, Hegseth dijo que el barco, que fue atacado el viernes, transportaba narcóticos.
El despliegue de fuerzas estadounidenses es el más grande en la región en décadas, incluidos unos 10.000 soldados estadounidenses y docenas de aviones y barcos militares. Si bien la administración Trump dice que es una misión antidrogas y antiterrorista, los funcionarios han dejado en claro en privado que el objetivo principal es expulsar del poder al líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro.
Petro, un izquierdista y exmiembro de un grupo guerrillero urbano que se convirtió en presidente en 2022, ha expresado repetidamente su apoyo a Maduro mientras la crisis se cuece a fuego lento entre Washington y Caracas. El presidente colombiano ha mostrado su voluntad de pelear con Trump, en marcado contraste con las posturas cautelosas que la mayoría de los otros líderes latinoamericanos han adoptado con la administración Trump.
En Colombia, el posicionamiento de Petro generó respuestas variadas. Vicky Dávila, periodista y candidata presidencial conservadora, expresó su apoyo a Trump el domingo y dijo en las redes sociales: «Petro y su gobierno corrupto han favorecido el narcotráfico de todas las formas posibles».
Pero el senador Iván Cepeda, partidario de Petro, sugirió que Trump debería centrarse en la amplia demanda de drogas ilegales en Estados Unidos. «Tenemos un presidente digno, uno que no se arrodilla y que exige que Estados Unidos asuma la responsabilidad de su papel en el problema del narcotráfico», dijo Cepeda.
En publicaciones en las redes sociales durante el fin de semana, Petro instó a su fiscal general a ayudar a la familia de Carranza, el pescador asesinado en el ataque de septiembre, a presentar demandas contra Estados Unidos.
Petro sugirió que la familia Carranza presentara reclamos en colaboración con una familia trinitense que también dice que un pariente murió en otro ataque estadounidense.
Aunque la campaña de Estados Unidos en el Caribe ha estado dirigida principalmente a los sospechosos de ser narcotraficantes venezolanos, los ataques han matado o herido a personas de otros países.
Otro colombiano, Jeison Obando Pérez, de 34 años, quedó atrapado en el sexto ataque aéreo estadounidense de este tipo la semana pasada, junto con un ciudadano de Ecuador. Ambos sobrevivieron.
Estaban a bordo de un semisumergible que explotó el jueves, y fueron rescatados por las fuerzas estadounidenses e inicialmente tratados a bordo de un barco de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe.
Obando Pérez fue repatriado el sábado y hospitalizado en Colombia con traumatismo cerebral y respiración con un ventilador, dijo Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, en una publicación en las redes sociales el sábado por la noche. Una vez que esté despierto, será «procesado por el sistema de justicia por narcotráfico», dijo Benedetti.
El otro sobreviviente del ataque del jueves fue devuelto a Ecuador el sábado y estaba siendo evaluado médicamente.
