De última hora, la jueza responsable del caso de Ernesto Ruffo Appel y otros siete imputados aplazó de las 23:00 a las 00:40 horas la reanudación de la audiencia en la que resolverá si los vincula o no a proceso por el presunto caso de huachicol fiscal.
De acuerdo con fuentes ministeriales, alrededor de las 17:00 horas concluyó un debate de dos rondas entre los abogados de los imputados y los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), durante la diligencia que inició ayer martes, a puerta cerrada y por videoconferencia.Acto seguido, la juez de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, decretó un receso de seis horas para preparar su resolución y comenzar su lectura al reanudarse la audiencia.Sin embargo, a las 22:42 horas, el oficial de sala notificó a las partes que la juzgadora decidió diferir el reinicio de la diligencia hasta las 00:40 horas, debido a que continuaba analizando el caso y elaborando su resolución, informaron las fuentes.
Por lo regular, en asuntos de esta naturaleza -casos relevantes con un amplio volumen de información-, los jueces exponen verbalmente su resolución durante un periodo de entre dos y cuatro horas y no siempre adelantan el sentido del fallo al iniciar su intervención.La jueza Ramírez determinará si existen elementos para vincular a proceso a los ocho imputados por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos, los dos primeros con prisión preventiva oficiosa.En caso de vincularlos a proceso, seis de los imputados permanecerán en prisión y dos continuarán el procedimiento bajo prisión domiciliaria, ya que los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos ameritan prisión preventiva oficiosa.En ese escenario, Ruffo permanecería en el Penal del Altiplano, al igual que Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., y ex vocal de Ingemar, empresa de la que el ex Gobernador es socio fundador.En ese mismo penal también continuarían presos José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L. de C.V. y de Servicios Portuarios, S.A. de C.V., empresas accionistas de Ingemar, así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez.En el Cereso de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México, permanecería Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa con sede en San Luis Potosí.Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., serían los únicos que enfrentarían el proceso bajo prisión domiciliaria en sus domicilios de Saltillo, Coahuila.Según la imputación de la FGR, en 2025 Ingemar, empresa de la que Ruffo es accionista y fundador, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V., introdujo otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía.
Del volumen total presuntamente introducido de manera ilegal, las autoridades federales aseguraron 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño a la hacienda pública por estas operaciones asciende a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.
