La nueva iniciativa de reforma judicial del Ejecutivo Federal genera incertidumbre y contribuye al deterioro de la percepción de seguridad jurídica, hechos que afectan en forma negativa las condiciones para las inversiones en México, dijo la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hizo un llamado a un diálogo técnico y plural que priorice la autonomía y confianza en la impartición de justicia, en virtud que la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum deja «intactos los problemas estructurales de la reforma original».En un comunicado, expresó su preocupación por el hecho de que la reforma pase por alto la preparación técnica y la experiencia de los juzgadores, pues al debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial se compromete «la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales y erosiona la confianza en las instituciones».»La Barra Mexicana advierte que la incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera. Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho», dijo.
«La BMA hace un llamado respetuoso pero firme a que cualquier modificación al sistema judicial mexicano se construya mediante un diálogo amplio, técnico y plural, que priorice el fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia judicial y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para nuestra democracia constitucional y el desarrollo económico del País».De acuerdo con la presidenta de la Barra, la función jurisdiccional es una de las tareas más complejas y especializadas del Estado y exige preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho.Dijo que el aplazamiento al año 2028 de la segunda parte de la reforma judicial es necesario, pero debe venir acompañado de una política pública de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no lo tengan, cosa que no toca la iniciativa.»La iniciativa presentada omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia», dijo.»La BMA su profunda preocupación respecto de la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, presentada por el Ejecutivo Federal, al considerar que dicha propuesta no corrige los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024 y, por el contrario, profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que actualmente enfrenta el país».Contrario a la idea de que la reforma de 2024 trajo legitimidad democrática, la representante de la BMA manifestó que la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política, ya que un juez constitucional o un magistrado federal no son ni pueden ser delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos.
Indicó que, más bien, son garantes de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la estabilidad jurídica del Estado.
