La campaña de presión de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está extinguiendo la efímera recuperación económica del país, lo que ha llevado a muchos dentro de Venezuela a prepararse para otra crisis económica.
El endurecimiento de las sanciones estadounidenses este año ha hecho que la inflación vuelva a alcanzar los tres dígitos, ha provocado la caída libre de la moneda nacional, agravado los cortes de electricidad y ha llevado al gobierno, a las empresas y a los residentes a acumular dólares y recortar gastos.
Para los venezolanos de todo el espectro político, los crecientes signos de recesión económica reviven recuerdos de penurias que muchos esperaban haber dejado atrás.
En la última década, Venezuela atravesó la recesión más profunda de cualquier nación moderna fuera de una zona de guerra. Una combinación de políticas económicas desastrosas, corrupción y sanciones estadounidenses creó una hiperinflación prolongada, colapsó los servicios básicos, aumentó la desnutrición y llevó a millones de personas a emigrar para escapar de la pobreza extrema.
Maduro respondió con una combinación de represión política y una reforma económica de libre mercado. Esas medidas han estabilizado los precios, impulsado el crecimiento y hecho la vida más llevadera para la mayoría de los venezolanos, a costa de eliminar los últimos derechos democráticos que quedaban.
La decisión que tomó en julio el gobierno de Donald Trump de designar al gobierno de Maduro como cártel de la droga e iniciar una serie de medidas militares y económicas aparentemente destinadas a detener el flujo de drogas desde Venezuela está revirtiendo estos logros económicos.
Los economistas calculan que la tasa de inflación anual de Venezuela aumentará del 50 al 600 por ciento este año, y los precios podrían empezar a subir de manera exponencial, un escenario conocido como hiperinflación, en 2026. El país entrará en recesión el próximo año y se prevé que su economía se contraiga un tres por ciento, según el Fondo Monetario Internacional.
El principal movimiento de oposición de Venezuela y sus aliados en el gobierno de Trump están apostando a que una crisis económica, combinada con la agresiva campaña militar estadounidense en el Caribe, fracturará al gobierno venezolano y pondrá fin a 25 años de un régimen dirigido actualmente por Maduro.
Consideran que el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela es un costo inevitable y a corto plazo del restablecimiento de la democracia.
Pero la mayoría de los economistas y empresarios venezolanos entrevistados para este artículo en Caracas sostienen que Maduro está mucho mejor preparado para esta ronda de presiones externas. Hablaron y compartieron datos bajo condición de anonimato para protegerse del gobierno de Venezuela y de posibles sanciones estadounidenses.
Poco después de que el presidente Trump ganara la reelección, el gobierno de Venezuela autorizó los primeros intercambios de criptomonedas del país, lo cual allanó el camino para un cambio más amplio hacia activos financieros que están fuera del alcance de la aplicación de sanciones tradicionales.
En la actualidad, Venezuela vende la mayor parte de su petróleo a China, recibe el pago en criptomonedas y canaliza parte de esos ingresos de vuelta a la economía nacional a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas designadas. En cuestión de meses, estas medidas han convertido a Venezuela en posiblemente el primer país en administrar una gran parte de sus finanzas públicas en criptomonedas.
Al mismo tiempo, la vicepresidenta y zarina económica de Maduro, Delcy Rodríguez, privatiza los recursos naturales de Venezuela para aumentar los ingresos por exportaciones, incluida la entrega de decenas de pequeños yacimientos petrolíferos en desuso a inversores privados.
Esto ha contribuido a que la producción de petróleo crezca un 12 por ciento este año, lo que ha impulsado los ingresos en divisas extranjeras de Venezuela.
Estos signos de resistencia han llevado a algunos economistas y empresarios a afirmar que Maduro podría evitar que la inminente recesión se convierta en colapso. Otros expertos señalan que tiene un historial de capear crisis financieras.
“Si existe un país que demuestra que si colapsas su economía, no cambia de gobierno, ese es Venezuela”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano que estudia las sanciones en la Universidad de Denver. “Cuando el país se empobrece, el gobierno no se debilita”.
Los actuales problemas económicos de Venezuela comenzaron con la decisión del gobierno de Trump de cambiar las normas que rigen las operaciones de las empresas petroleras occidentales en Venezuela.
Hasta marzo, el mayor productor privado de petróleo de Venezuela, Chevron, con sede en Estados Unidos, vendía el crudo de sus proyectos venezolanos a Estados Unidos y entregaba a los bancos privados locales la parte de los ingresos que correspondía a Venezuela en dólares. Estos bancos luego distribuían esos dólares a clientes corporativos, lo que les permitía pagar las importaciones e impulsar el crecimiento económico.
El año pasado, Chevron canalizó casi 2400 millones de dólares hacia la economía venezolana, aproximadamente un tercio de todo el suministro de divisas fuertes del país ese año.
La revisión del permiso de Chevron por parte del gobierno de Trump puso fin a esas inyecciones de divisas.
A partir de agosto, Chevron tuvo que entregar la mitad de su producción venezolana a la empresa petrolera estatal, conocida como PDVSA, en petróleo físico. Este petróleo se sumó al grueso de las exportaciones de crudo venezolano que PDVSA ya vendía a China bajo planes de pago similares.
Las nuevas normas de explotación de Chevron han reducido la rentabilidad de las exportaciones de petróleo venezolano, ya que PDVSA debe ofrecer descuentos y pagar a intermediarios para eludir las sanciones. Pero estas nuevas normas también otorgan a Maduro un mayor control sobre la economía, al reforzar su control sobre la reducida cantidad de divisas que siguen entrando en el país.
Ante la amenaza militar de Estados Unidos, el equipo económico de Rodríguez decidió sacrificar el crecimiento y crear amortiguadores financieros. Recortaron el gasto público y redujeron drásticamente la parte de las reservas que dedicaban a defender el tipo de cambio oficial del bolívar, la moneda nacional.
En lugar de ello, el gobierno intentó proteger la moneda mediante la represión. El gobierno ha encarcelado al menos a ocho economistas por publicar datos negativos, ha detenido a otras decenas de personas por hacer público el tipo de cambio del mercado negro y ha hecho redadas en tiendas y restaurantes para asegurarse de que venden productos al tipo oficial. Aun así, el bolívar ha seguido cayendo.
Sin embargo, incluso mientras el gobierno tomaba medidas enérgicas contra el mercado negro de divisas, este se convertía silenciosamente en su actor dominante. A principios de este año, el gobierno empezó a canalizar parte de sus ingresos petroleros hacia la economía a través de las dos plataformas de intercambio de criptomonedas autorizadas, que pueden comerciar con bolívares a una tasa de cambio más baja.
Este vacío legal ha permitido al gobierno mantener la actividad económica, a costa de aumentar la tasa de inflación.
Los dólares denominados en criptomonedas representan ahora hasta la mitad de las divisas que entran de forma legal en la economía venezolana. Cada uno de estos tókenes equivale al valor de un dólar estadounidense, un tipo de criptodivisa conocida como criptomonedas estables, o stablecoins.
Las inyecciones de criptomonedas del gobierno han tenido un efecto derrame dinámico. PDVSA paga ahora a algunos contratistas en criptomonedas estables, las empresas privadas pagan bonificaciones en criptomonedas estables y los ciudadanos, desde los conductores de mototaxis hasta los ejecutivos, cambian bolívares por stablecoins en Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Estos acontecimientos han hecho que la economía venezolana sea aún más opaca, y los diferentes tipos de cambio, según los expertos, crean oportunidades para la corrupción.
Un representante de Tether, la criptomoneda estable más popular utilizada en Venezuela, declinó hacer comentarios. Tether ha exaltado anteriormente su cooperación con las fuerzas de seguridad para contrarrestar las acusaciones de permitir el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.
Los expertos en criptomonedas afirman que Tether tiene la capacidad técnica para rastrear y congelar sus tókenes, lo que pone de relieve los riesgos de la conversión del gobierno venezolano a las criptomonedas.
Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más popular de Venezuela, ya había estado en el punto de mira de los fiscales estadounidenses. El fundador de la empresa, Changpeng Zhao, se había declarado culpable de infracciones de lavado de dinero en 2023 y cumplió cuatro meses de prisión. Trump lo indultó el jueves.
Un portavoz de Binance dijo que la empresa está “comprometida a cumplir todas las sanciones estadounidenses aplicables”.
El cambio a las criptomonedas ha permitido hasta ahora al gobierno venezolano gestionar la recesión, pero los expertos afirman que es probable que las condiciones económicas se deterioren significativamente el próximo año.
La diferencia entre el tipo de cambio oficial del bolívar y el del mercado negro se sitúa ahora en torno al 50 por ciento, lo que presiona al gobierno para que cierre la brecha o se arriesgue a una hiperinflación.
Debilitar la tasa oficial, una política conocida como devaluación, conlleva riesgos políticos. Destruiría el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos, en particular de los empleados públicos y militares, cruciales para el poder de Maduro.
Maduro se enfrenta ahora a la disyuntiva de asumir ese riesgo o volver a los controles de precios y de divisas que han profundizado la anterior depresión del país, dijo Rodríguez, el economista.
