Con la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reforma para adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha desatado un intenso debate sobre el futuro de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional ha sido una de las voces más críticas frente a esta iniciativa, expresando su profunda preocupación por lo que consideran un grave retroceso en el manejo de la seguridad pública y una peligrosa consolidación del proceso de militarización.
El organismo internacional, a través de su cuenta de X, lamentó este viernes la decisión del Poder Legislativo y lanzó un enérgico llamado al Senado mexicano para detener la reforma constitucional. Amnistía advirtió que esta medida significa la culminación de un proceso que ha estado en marcha desde hace años y que va en contra de las recomendaciones internacionales sobre el manejo de la seguridad ciudadana.
Señaló que, a escasos días del aniversario de eventos trágicos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatelolco, el avance de la reforma parece ignorar el sufrimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
La Guardia Nacional, creada en 2019 bajo la promesa de ser una fuerza de seguridad civil, ha sido constantemente criticada por su creciente militarización. Aunque en sus primeros años estuvo bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública, la GN ha operado en gran medida con personal proveniente del Ejército y la Marina, lo que, según los críticos, la convierte de facto en una fuerza armada más. La actual iniciativa de reforma busca formalizar esta situación, integrando a la GN a la Sedena y otorgándole nuevas facultades constitucionales, entre ellas la investigación de delitos y el control fronterizo.
