Realizan audiencia inicial contra Grupo Fimbro señalado de fraude
La tarde del viernes se llevó a cabo la audiencia inicial del caso contra el Grupo Fimbro, derivado de la denuncia presentada por la ciudadana Briselda Duarte Vargas bajo la causa penal 7154/2022.
La demandante que se plantea es alega que la empresa se ha negado a cumplir con el pago de una inversión realizada hace dos años.
La audiencia se desarrolló en los juzgados del Distrito Judicial Bravos, donde se presentaron parte de las pruebas que respaldan la denuncia.
La afectada Duarte Vargas, destacó la gravedad del presunto fraude y expresó su esperanza en que se haga justicia.
Comentó que varios ciudadanos han sufrido pérdidas en su patrimonio al invertir en Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable (SAPI), como es el caso de Grupo Fimbro.
Mauricio Blanco, asesor jurídico de la víctima, informó que la audiencia fue prolongada con el Ministerio Público dedicando dos horas y media a la presentación de pruebas.
Blanco destacó un presunto conflicto de interés, ya que el abogado que representa a los imputados había asesorado previamente a la víctima, a pesar de esto, el recurso de revocación no fue admitido.
El abogado señaló que a pesar de los intentos de plantear el conflicto de interés, ya no se quiso insistir debido a que el proceso ha avanzado lentamente durante los dos años transcurridos, con promesas incumplidas por parte de los imputados ante el Instituto de Justicia Alternativa para la reparación del daño.
El litigante informó que el próximo martes 14 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, tras la presentación del caudal probatorio. Además, como medida cautelar, se fijó una fianza para las tres personas que constituyen el Grupo Fimbro, asegurando así una cantidad parcial de los pagos.
En sus declaraciones finales, Briselda Duarte Vargas destacó que empresas como Grupo Fimbro, al incurrir en fraudes, confían en la falta de denuncias y el respaldo oficial, aprovechándose de la apatía y la falta de recursos para presentar denuncias.