La diputada federal por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, dio a conocer que se trabaja en un esquema mediante el cual más personas de bajos recursos puedan acceder a vivienda digna.
Por tal motivo, la legisladora chihuahuense presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados contra la especulación inmobiliaria en nuestro país.
La legisladora detalló que la especulación ocasiona que el suelo sea más caro y que la vivienda se comercialice a precios elevados.
Indicó que ella, como presidenta de la Comisión de la Vivienda, ha estudiado el tema desde diferentes perspectivas y con esta iniciativa pretende castigar la especulación convirtiéndola en un delito.
Resaltó que además espera que los municipios no puedan desincorporar el terreno rural de manera sencilla.
Comentó además que la especulación inmobiliaria se realiza en suelo «no urbanizado», a través de su compra a un precio bajo, recalificación y venta con grandes rentabilidades.
“El problema más grande de especulación de tierra se tiene en Mérida y la península de Yucatán, por ejemplo, predios en Mérida que costaron un peso el metro cuadrado, que se compró en terreno ejidal, se venden como terreno campestre en 8 mil pesos el metro cuadrado», citó a manera de ejemplo la legisladora.
Expuso varios casos donde las tierras se comercializan en lugares donde no hay servicios ni desarrollo, pues se vende la idea de que va a tener un crecimiento meramente especulativo.
También habló de nuestra frontera, sitio donde las viviendas que tienen un precio promedio de 120 mil pesos se llegan a comercializar hasta en 2 millones de pesos y aclaro que no es posible evitar que alguien invierta en una propiedad con fines de lucro.
Agregó que las autoridades públicas pueden adoptar medidas para frenar este fenómeno, con la aplicación de impuestos más altos para aquellos que poseen tierras y propiedades sin uso social.
“El Estado debe intervenir a través de la provisión de vivienda social o la concesión de créditos blandos, en la regulación de alquileres y en la reglamentación de usos del suelo y permisos constructivos”, acotó Aguilar Gil.
Para lograr esto, Aguilar detalló que trabajan con organismos como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
