Japón se ha actualizado y puesto negro sobre blanco la criminalidad de las acciones sexuales cuando no son consensuadas. Con la reforma del código penal promulgada este verano, cambia la consideración del crimen actual de «relación sexual forzada» a «relación sexual no consensuada». La reforma, que viene a complementar y endurecer la que se hizo en 2017, incluye ocho nuevos supuestos por los que un ataque de esa índole puede ser considerado una violación. Entre ellos —aparte de la violencia— se incluyen la intimidación, aprovecharse del estatus social, amenazas a la víctima, el uso de alcohol o drogas y no dar tiempo suficiente para negarse o resistirse. Los casos en los que una víctima tiene un trastorno mental o físico también serán considerados como no consentidos. Según datos oficiales, una de cada catorce japonesas y uno de cada cien japoneses han experimentado relaciones sexuales forzadas en sus vidas, lo que equivale alrededor de 4,64 millones de mujeres y 610.000 hombres. Sin embargo, solo 1.405 casos de relaciones sexuales forzadas en Japón fueron reconocidos en 2019, y solo 470 de estos casos, equivalentes al 33,6%, fueron procesados. Muchas mujeres japonesas han hecho público que sus denuncias de agresión o abuso sexual fueron ignoradas porque «no cumplían con los criterios» de una víctima. Según datos del gobierno, alrededor del 95% de los sobrevivientes nunca denuncian su agresión a la policía y casi el 60% nunca se lo cuentan a nadie.
Los intentos previos de modificar y ampliar la reforma del 2017 fueron bloqueados sistemáticamente por la mayoría conservadora gubernamental, arguyendo que los cambios eran innecesarios. Pero todo comenzó a cambiar en 2019 después de que la opinión pública japonesa reaccionara a varias absoluciones de violación de alto perfil, dictadas en el lapso de unas pocas semanas. El caso más controvertido fue el de la absolución de un padre que violó a su hija de 19 años, a pesar de que el tribunal reconoció que el sexo no fue consentido, que el padre había usado la fuerza y que había abusado física y sexualmente de su hija, los jueces argumentaron que ella podría haberse resistido. Después de la sentencia, una ola de indignación sin precedentes sacudió el país y el padre fue condenado finalmente en segunda instancia por el tribunal supremo del país.
