Una orden de aprehensión fue girada en contra del exsecretario de Hacienda Arturo F.V., quien es acusado de haber realizado pagos ilegales por 98 millones 600 mil pesos a un despacho privado, cuando fungía como titular de esa dependencia durante el gobierno de Javier Corral Jurado.
El proceso penal en su contra será llevado por el Tribunal Superior de Justicia por la gravedad de los delitos que se le imputan, como los es el Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, así como el de Peculado Agravado.
En caso de que al acusado se le llegaran a acreditar esos delitos, podría alcanzar una condena de 4 a 12 años de prisión y el pago de 500 a 2000 días de multa.
Al respecto, el fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín, detalló que esta orden de aprehensión se giró luego de realizar una investigación minuciosa, basada en acciones científicas, técnicas, periciales, contables y financieras, en relación a una denuncia presentada ante esa fiscalía, por la Auditoría Superior del Estado, respecto a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020-2021.
Destacó que, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se hizo el análisis jurídico y se solicitó la orden de aprehensión, la cual fue otorgada por un juez de Control, bajo los siguientes argumentos:
El exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Arturo F.V. realizó dos pagos por 49 millones 300 mil pesos cada uno, es decir, 98 millones 600 mil pesos en total, a un despacho privado, realizando diversas acciones para darle una apariencia de legalidad.
La indagatoria refiere que Arturo F.V. contrató de manera ilegal a dicho despacho con el fin de realizar la restructuración de la deuda pública estatal, sin embargo, se detectaron una serie de irregularidades.
La falta de suficiencia presupuestal para la contratación del servicio; la falta de investigación de mercado para llevar a cabo ese convenio; la falta del dictamen de excepción y procedencia que acredita la necesidad de la contratación de la asesoría; aunado a eso, el despacho no contaba con el registro en el padrón de proveedores; no se establecieron en el contrato las garantías de cumplimiento, evicción y vicios ocultos.
Asimismo, no se capturó el contrato y el convenio modificatorio en el Sistema Electrónico de Compras; faltan elementos en el contrato como comprobantes y evidencias de cumplimiento, por lo que se consideró que existió la distracción de recursos públicos a favor de ese despacho privado.
Abelardo Valenzuela Holguín, resaltó que por parte de la Fiscalía Anticorrupción así como del Ministerio Público, cuentan con la carpeta de investigación preparada para hacerla ver y valer en el órgano jurisdiccional.
