Ligadas a 4T, en la quinteta para encabezar el INE; Comité Técnico concluye elección
Mujeres cercanas a la cuarta transformación integran la lista para presidir el instituto; no es motivo para descalificarlas del proceso, considera López Ayllón
Las cinco integrantes de la quinteta para elegir a quien será la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) son mujeres vinculadas con el gobierno o cercanas a funcionarios y legisladores de Morena.
Ayer, el comité dio a conocer las quintetas para elegir a la consejera presidenta y otros tres consejeros electorales. Bertha María Alcalde Luján, hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y hermana de la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, encabeza la llamada quinteta dorada, de la que emanará la próxima presidenta del INE.
Le siguen Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador de Morena por Tlaxcala José Álvarez Lima; Rebeca Barrera Amador, expresidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, impulsada por el gobernador morenista Víctor Castro Cosío; Guadalupe Taddei Zavala, prima hermana del delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora; Iulisca Zircey Bautista Arreola, asesora del consejero del INE Jaime Rivera y esposa de Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.
Cuatro de estos cinco perfiles fueron señalados este fin de semana por María Esther Azuela, miembro del Comité Técnico de Evaluación, por no cumplir con los estándares de autonomía e imparcialidad requeridos para el cargo.
En contraste, Sergio López Ayllón, integrante del comité, consideró que la cercanía o parentesco de un aspirante con algún actor político no son motivo suficiente para descalificarlo.
En las entrevistas con el Comité de Evaluación, dadas a conocer ayer, las aspirantes defendieron su nominación para dirigir al INE y rechazaron que algún nexo con la 4T influya en su toma de decisiones.
Quieren morenizar cúpula del INE
Al menos otros 5 aspirantes al cargo de consejero electoral serían cercanos a la actual administración, según integrantes del Comité Técnico.
Las 5 integrantes de la quinteta para elegir a quien será la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) son mujeres ligadas al gobierno y a Morena. Cuatro de estos 5 perfiles ya habían sido señalados por María Esther Azuela Gómez, miembro del Comité Técnico de Evaluación, por no cumplir con los estándares de autonomía e imparcialidad requeridos para el cargo.
En un voto particular, Sergio López Ayllón, integrante del Comité de Evaluación que ayer concluyó sus trabajos, consideró que aunque la autonomía y la imparcialidad son 2 elementos fundamentales en la valoración de idoneidad de las personas que aspiran a integrar el Consejo General del INE, no son motivo suficiente para descalificarlas del proceso.
“Cierto, algunas de las y los candidatos tienen parentesco o afinidad con actores políticos relevantes, o bien tienen o ejercieron funciones públicas en los gobiernos federal o estatales. La pregunta es si esa condición es una razón suficiente para considerar que esas personas no cumplen con los criterios y estándares que requiere el cargo de consejera o consejero”, expresó.
“Considero que la cercanía o parentesco de una persona aspirante con algún actor político no es, por sí misma, una razón suficiente para establecer que se violenta el estándar de imparcialidad y autonomía. Descalificar a una persona por el sólo hecho de tener una relación familiar o afectiva puede vulnerar diferentes derechos, en particular, en el caso concreto, el derecho ciudadano de acceso a la función electoral”, opinó.
Sergio López Ayllón señaló que una vez que las listas se compartieron al secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Omar Sánchez Molina, concluyen los trabajos de esta instancia que inició funciones el pasado 16 de febrero.
“Hemos demostrado que aun en tiempos de polarización, desconfianza y estridencia es posible trabajar y construir acuerdos desde la diversidad para asegurar la continuidad y el recambio institucional del Instituto Nacional Electoral.